El presente informe proporciona un análisis exhaustivo de la veeduría social realizada por el Foro Nacional de Convergencia (FONAC) sobre la infraestructura educativa en el Departamento de Atlántida durante el año 2022. Este estudio, desarrollado entre febrero y noviembre de 2022, es parte de una evaluación más amplia que abarcó 1,060 centros educativos a nivel nacional, con el objetivo de verificar las condiciones actuales de las instalaciones educativas y detectar áreas prioritarias para la inversión.
Antes de la pandemia de COVID-19, la educación en Honduras ya enfrentaba serias dificultades. Según el Plan Estratégico del Sector Educación 2018-2030, el país tenía una de las tasas de escolaridad promedio más bajas de Centroamérica. En 2017, el promedio de años de escolaridad para la población de 15 años y más era de 7.7 años, con disparidades significativas entre zonas rurales y comunidades indígenas. La tasa neta de matrícula en 2017 mostraba solo un 36.7% en educación preescolar, un 89.5% en educación básica y un 32% en educación media.
El deterioro de la infraestructura educativa era una preocupación notable, con centros educativos sufriendo daños relevantes y una notable brecha en la distribución de recursos docentes. La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 exacerbó estos problemas, con el cierre de centros educativos y la falta de recursos tecnológicos que limitó el acceso a la educación. Los fenómenos naturales, como las tormentas tropicales Eta e Iota, también causaron daños considerables a las instalaciones educativas, afectando aproximadamente 700 centros y llevando a más de 600 a ser utilizados como albergues durante las emergencias.
El informe de veeduría social se centra en la evaluación de las condiciones mínimas pero esenciales para garantizar que los estudiantes y docentes puedan realizar actividades educativas en instalaciones seguras y adecuadas. La evaluación se basa en la percepción y observaciones de los veedores sociales y en las respuestas de las autoridades educativas locales.
A nivel del Departamento de Atlántida, el informe detalla las condiciones específicas encontradas en los centros educativos y compara estos hallazgos con los resultados a nivel nacional. Este análisis permite identificar áreas críticas que requieren atención y priorización para mejorar la infraestructura educativa y asegurar un entorno de aprendizaje adecuado y digno para todos los estudiantes.
El objetivo principal de esta veeduría social es proporcionar una visión integral y objetiva del estado de la infraestructura educativa en el Departamento de Atlántida, destacando las áreas que necesitan intervención urgente y ofreciendo recomendaciones para la asignación eficiente de recursos y esfuerzos de inversión.