El «Informe de Veeduría Social a la Infraestructura Educativa 2022» es un documento exhaustivo que evalúa el estado actual de las instalaciones educativas en el país. Este informe se enmarca en el cumplimiento del Objetivo No. 4 del Plan Estratégico del FONAC, que busca implementar mecanismos de control social para promover la transparencia, rendición de cuentas, y eficiencia en la gestión gubernamental, con un enfoque especial en la población más vulnerable.
Objetivo General
El objetivo central de la veeduría es colaborar con las autoridades educativas y gubernamentales en la evaluación de la infraestructura educativa, un componente clave en el contexto del retorno a clases presenciales. Esta evaluación tiene como propósito orientar el presupuesto destinado a la mejora y construcción de nuevos centros educativos, en concordancia con los lineamientos establecidos en el Manual para la Planificación y Diseño de Centros Educativos.
Objetivos Específicos
Los objetivos específicos del informe incluyen:
- Realizar un análisis situacional a través de la veeduría social ciudadana, abordando aspectos como las condiciones físicas de los edificios escolares, sistemas eléctricos e iluminación, agua y saneamiento, mobiliario y medidas de bioseguridad.
- Desarrollar procesos de fortalecimiento de capacidades para la aplicación de la herramienta de veeduría social en los centros educativos, con el fin de fortalecer la Red de Veedores Sociales del FONAC.
- Generar un informe basado en la información recopilada que contenga hallazgos y recomendaciones para guiar la inversión en infraestructura educativa a nivel nacional.
Resultados Esperados
El proceso de veeduría social abarcará una muestra representativa de centros educativos en todo el país, proporcionando un panorama detallado de sus condiciones físicas, sistemas eléctricos, iluminación, agua, saneamiento, mobiliario y medidas de bioseguridad. Además, se elaborará un informe con los hallazgos y recomendaciones, el cual servirá como un insumo clave para la toma de decisiones y la inversión en la infraestructura educativa, desde una perspectiva ciudadana y con impacto en la política pública.